Críticas y peticiones para la gestión del lobo en España
El Convenio de Berna, marco legal para la conservación de fauna en Europa, ha aprobado rebajar la protección del lobo ibérico, pasando de «especie estrictamente protegida» a «especie protegida». Este cambio, que entrará en vigor en marzo de 2025, reabre el debate en España sobre la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una medida que desde 2021 ha generado tensiones con las comunidades autónomas más afectadas por los ataques al ganado.
Desde que el lobo fue protegido en todo el territorio nacional, se han registrado más de 8.000 ataques al ganado, especialmente en Castilla y León, que alberga al 60% de la población de lobos en España. Las autoridades autonómicas y el sector ganadero critican esta protección como una decisión ideológica y poco fundamentada científicamente. Argumentan que no solo ignora la realidad rural, sino que también amenaza la sostenibilidad de la ganadería extensiva, pieza clave del equilibrio territorial y la conservación del paisaje.
Movilización autonómica y ganadera
Comunidades autónomas como Castilla y León, La Rioja y otras que concentran el 96% de los lobos en España han iniciado trámites para solicitar al Gobierno la descatalogación de la especie del LESPRE. Defienden que la protección debe ajustarse al marco europeo recientemente modificado, permitiendo una gestión más equilibrada de la convivencia entre el lobo y las actividades rurales.
El Senado aprobó una moción para instar al Gobierno a excluir a las poblaciones de lobo al norte del Duero del LESPRE y consensuar una nueva estrategia de conservación basada en censos actualizados. Además, los representantes del sector de la caza y la ganadería advierten sobre el impacto económico y cultural que supone la sobrepoblación del lobo, afectando gravemente a los pequeños productores y al desarrollo rural.