Un cazador condenado tras abatir especies protegidas en Zamora
La caza furtiva en Castilla y León no es un juego, y las sanciones establecidas por la Ley Regional sobre la Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos son claras: quienes cazan fuera de la legalidad se enfrentan a multas importantes e incluso a penas de prisión en casos graves. Esta normativa, aunque rigurosa, refleja la preocupación por el daño a la fauna y al sector cinegético, un gremio que sigue enfrentándose a desafíos, especialmente por la gestión gubernamental, y que exige respeto a las reglas del juego.
En la comunidad autónoma, las multas por caza furtiva varían según la pieza cazada y su nivel de protección. Por ejemplo:
- Caza menor: Abatir de manera ilegal especies como la codorniz común supone una sanción de 300 euros. Otras especies protegidas, como la tórtola europea, la becada o la perdiz roja, pueden alcanzar los 605 euros de multa.
- Caza mayor: Las sanciones son más severas. La multa por cazar un lobo alcanza los 6.000 euros, mientras que cazar un ciervo de manera ilegal puede suponer 5.000 euros de sanción. Si la pieza cazada es un macho de cabra montés, la cifra se eleva hasta los 12.000 euros, reduciéndose a 4.000 euros si se trata de una hembra.
El último caso relevante que ha salido a la luz involucra a un cazador gallego que fue sorprendido en un coto de Zamora cazando cuatro perdices pardillas, una especie catalogada como protegida en Castilla y León. Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2021, en el coto conocido como Sierra Sospacio, en Puebla de Sanabria, donde una patrulla del Seprona llevaba tiempo investigando debido a sospechas de actividad ilegal.
El cazador fue encontrado portando una escopeta de calibre 12 y un morral con las aves abatidas en su interior. La sentencia determinó que, a pesar de que el acusado reconoció su culpabilidad para evitar un juicio más extenso, los hechos constituyen un delito contra la fauna, ya que la caza de estas especies está prohibida debido a su especial vulnerabilidad. Como resultado, el condenado deberá cumplir dos años de inhabilitación para la práctica de la caza y la pesca.
Este tipo de casos refuerza la necesidad de respetar la normativa vigente y demuestra que la caza ilegal conlleva sanciones severas. No solo se trata de proteger a la naturaleza, sino también de preservar la actividad cinegética legal, fundamental para el equilibrio del medio ambiente y el desarrollo rural en regiones como Castilla y León.