El Gobierno de Navarra y su controvertida Ley de Gestión Cinegética
La comunidad cinegética se opone a las nuevas regulaciones propuestas por el Gobierno foral, argumentando que afectarán negativamente su capacidad de gestión y participación.
La reciente propuesta de Ley Foral de Gestión Cinegética del Gobierno de Navarra ha generado un fuerte rechazo entre las sociedades de cazadores de la región. Esta iniciativa, presentada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, busca centralizar la gestión cinegética, reduciendo la autonomía de las sociedades locales para elaborar sus planes de caza. El primer bloque de esta ley fue presentado a la Comisión Asesora de Caza, un organismo cuya influencia ha sido cuestionada por los cazadores debido a su carácter no vinculante.
En la presentación inicial, se destacó que cerca del 90% de los cotos en Navarra son de titularidad pública y se gestionan a través de sociedades de cazadores. La nueva ley propone que estos planes sean licitados por el Gobierno, lo que dejaría a las sociedades sin poder de decisión. Las reacciones no se hicieron esperar, con la Federación Navarra de Caza (FNC) liderando la oposición y tachando la medida de demagógica y populista. Los cazadores temen que esta centralización elimine su capacidad de influir en la gestión cinegética, afectando especies como la perdiz y la liebre, mientras que seguirán siendo responsables de gestionar poblaciones de jabalíes y conejos, que pueden ser perjudiciales para el entorno.
La propuesta también incluye la eliminación de la extensión mínima de 2.000 hectáreas para los cotos, permitiendo que cada entidad local establezca cotos en sus terrenos. Esta medida, según los cazadores, podría generar conflictos en áreas que actualmente no los tienen. Además, la ley sugiere una vigencia indefinida para los cotos y una única disposición general de vedas, medidas que las sociedades interpretan como un intento del Gobierno de reducir la burocracia sin considerar el impacto ambiental. El sector cinegético critica que el enfoque prometido de colaboración se ha convertido en una imposición unilateral por parte del Ejecutivo foral.