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Gobierno de Navarra implementa nuevo sistema de vedas sin consultar al sector cinegético.

Cazadores navarros critican la falta de comunicación y transparencia en la nueva normativa sobre la caza de la perdiz.

El Gobierno de Navarra ha implementado un nuevo sistema de disposición general de vedas sin informar previamente al sector cinegético, lo que ha generado descontento entre los cazadores. La medida, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, introduce un cambio significativo en la caza de la perdiz, específicamente en la metodología para determinar los días de caza permitidos en cada coto. A partir de este año, la asignación de días se basa en diversos factores, como los censos de primavera y un estudio encargado al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), que clasifica los cotos en tres categorías. Sin embargo, la falta de comunicación y claridad en los criterios utilizados ha dejado a las sociedades de cazadores frustradas y buscando explicaciones.

El nuevo sistema establece que los días de caza de la perdiz se decidirán en función de la cantidad de ejemplares observados en los censos y otros factores ambientales y poblacionales. Además, se permite sumar días adicionales de caza en ciertos cotos si cumplen con requisitos específicos, como la densidad de perdices o la realización de proyectos de mejora del hábitat. Aunque la nueva normativa no difiere sustancialmente en el número total de días permitidos respecto a años anteriores, la Federación Navarra de Caza (FNC) ha expresado su preocupación por la falta de transparencia y la exclusión del sector en el proceso de toma de decisiones.

El sector cinegético también critica que, pese a los numerosos estudios realizados sobre la perdiz, el Gobierno de Navarra no ha destinado fondos suficientes para proyectos de mejora del hábitat y recuperación de la especie. La FNC insta al Ejecutivo foral a priorizar la inversión en estas áreas en lugar de continuar con la creación de informes que no aportan soluciones prácticas a los problemas que enfrentan los cazadores navarros.

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Propuesta de Ley Foral de Gestión Cinegética de Navarra Desata Controversia

El Gobierno de Navarra y su controvertida Ley de Gestión Cinegética

La comunidad cinegética se opone a las nuevas regulaciones propuestas por el Gobierno foral, argumentando que afectarán negativamente su capacidad de gestión y participación.

La reciente propuesta de Ley Foral de Gestión Cinegética del Gobierno de Navarra ha generado un fuerte rechazo entre las sociedades de cazadores de la región. Esta iniciativa, presentada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, busca centralizar la gestión cinegética, reduciendo la autonomía de las sociedades locales para elaborar sus planes de caza. El primer bloque de esta ley fue presentado a la Comisión Asesora de Caza, un organismo cuya influencia ha sido cuestionada por los cazadores debido a su carácter no vinculante.

pack of foxhounds on the scent

En la presentación inicial, se destacó que cerca del 90% de los cotos en Navarra son de titularidad pública y se gestionan a través de sociedades de cazadores. La nueva ley propone que estos planes sean licitados por el Gobierno, lo que dejaría a las sociedades sin poder de decisión. Las reacciones no se hicieron esperar, con la Federación Navarra de Caza (FNC) liderando la oposición y tachando la medida de demagógica y populista. Los cazadores temen que esta centralización elimine su capacidad de influir en la gestión cinegética, afectando especies como la perdiz y la liebre, mientras que seguirán siendo responsables de gestionar poblaciones de jabalíes y conejos, que pueden ser perjudiciales para el entorno.

La propuesta también incluye la eliminación de la extensión mínima de 2.000 hectáreas para los cotos, permitiendo que cada entidad local establezca cotos en sus terrenos. Esta medida, según los cazadores, podría generar conflictos en áreas que actualmente no los tienen. Además, la ley sugiere una vigencia indefinida para los cotos y una única disposición general de vedas, medidas que las sociedades interpretan como un intento del Gobierno de reducir la burocracia sin considerar el impacto ambiental. El sector cinegético critica que el enfoque prometido de colaboración se ha convertido en una imposición unilateral por parte del Ejecutivo foral.