El control de la caza en el punto de mira
El mundo de la caza se enfrenta nuevamente a un caso controvertido. Un exjefe de celadores de Medio Ambiente de la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas ha sido sancionado con 3.500 euros tras ser denunciado por presunta caza furtiva en la Montaña Palentina. La denuncia fue interpuesta por la Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico (ASCEL), una organización abiertamente contraria a la caza regulada y defensora del lobo ibérico.
El incidente tuvo lugar mientras los miembros de ASCEL realizaban un seguimiento de la población de lobos en la zona. Durante su actividad, observaron a un hombre acompañado de dos perros persiguiendo un jabalí. Consideraron que esta acción constituía una infracción a la normativa vigente y lo denunciaron ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).
La acusación, basada en un vídeo grabado por los propios denunciantes, generó una investigación que llevó a la identificación del supuesto infractor. La sanción impuesta se fundamenta en la Ley de Caza y Gestión Sostenible de Castilla y León y en la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aunque los detalles exactos sobre la actividad denunciada no han sido explicados en profundidad.
Desde ASCEL han subrayado la importancia de la colaboración ciudadana en la protección de la fauna y han agradecido la labor del SEPRONA en la investigación. Sin embargo, el caso ha generado dudas dentro del sector cinegético, que ve con preocupación el creciente hostigamiento hacia los cazadores, incluso cuando se trata de actividades tradicionales o dentro de la legalidad vigente.