Polémica entre la caza deportiva y la protección de una especie emblemática
La Junta de Castilla y León sostiene que permitir la caza deportiva del lobo ibérico fomenta el equilibrio entre ganadería y conservación de esta especie. Según el consejero portavoz Carlos Fernández Carriedo, esta práctica es «la mejor fórmula» para garantizar el aumento controlado de la población de lobos, destacando que el número de manadas ha crecido en los últimos 12 años. En contraste, grupos ecologistas y el Partido Animalista PACMA acusan al gobierno autonómico de manipular los datos para favorecer a los cazadores.
Desde 2021, el lobo está protegido en toda España, pero la Junta insiste en que su política de control mediante caza ha sido efectiva. Como ejemplo, señalan los censos oficiales que indican un incremento en el número de manadas al sur del río Duero. No obstante, los críticos argumentan que estas cifras son una prueba de que la prohibición de caza también puede ser eficaz, sin necesidad de abatir ejemplares.
Carriedo calificó de “negacionistas” a quienes rechazan sus políticas, desafiándolos a presentar alternativas basadas en censos propios. Defendió la metodología de su censo como elaborada por expertos, y argumentó que la experiencia de Castilla y León en la gestión del lobo debería servir de modelo para Europa. Según el portavoz, la región combina «convivencia entre el lobo y los ganaderos» y es ejemplo de protección sostenible de la especie.
La Junta aspira a que el lobo salga del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), señalando que regiones con alta densidad de lobos, como Castilla y León, necesitan políticas más flexibles para manejar el impacto en la ganadería. Sin embargo, las críticas hacia la “obsesión por favorecer a los cazadores” y las dudas sobre el verdadero impacto de estas medidas han intensificado la controversia.