Cataluña apuesta por la caza del jabalí como solución a una amenaza creciente.
El jabalí lleva años siendo un problema real para el campo, los cultivos, el ganado… y también para la seguridad vial. Por eso, desde el sector cinegético se aplaude que, por fin, la administración catalana dé un paso adelante y destine una inversión concreta para afrontar este desafío. En total, se destinarán 1,45 millones de euros a promover su captura y comercialización, algo que puede suponer un antes y un después en la gestión poblacional del jabalí.
Este movimiento tiene un doble propósito: reducir los daños que provocan estos animales en explotaciones agrícolas y ganaderas, y minimizar el riesgo sanitario que implican, tanto para la fauna doméstica como para la salud pública. No es un capricho. Los jabalíes se han convertido en vectores de enfermedades como la tuberculosis o la peste porcina africana, y su proliferación ya empieza a ser insostenible.
La medida contempla ayudas directas a sociedades de cazadores, auténticos guardianes del equilibrio en el monte, y también a centros de recogida de caza, encargados de facilitar que la carne llegue al consumidor con todas las garantías sanitarias.
Desde el sector se valora muy positivamente esta iniciativa, ya que además de reconocer el papel imprescindible de los cazadores, abre nuevas vías de valorización para la carne de jabalí, una opción sostenible, natural y con gran potencial gastronómico. No solo se trata de controlar al animal, sino de poner en valor el resultado de la actividad cinegética.
La caza no es solo una tradición o una afición. En este contexto, queda claro que también es una herramienta esencial de gestión del territorio y prevención de conflictos medioambientales y sanitarios. Iniciativas como esta demuestran que con visión, coordinación y apoyo institucional, la caza puede ser parte activa de la solución.
Desde las sociedades locales hasta los cazadores de a pie, se espera que este tipo de medidas no se queden en algo puntual, sino que marquen el inicio de una colaboración más estable y estructurada entre los poderes públicos y quienes realmente conocen el monte.
Porque cuando se apuesta por la caza responsable, gana el medio ambiente, gana la agricultura, gana la salud pública… y gana la sociedad en su conjunto.