Los incendios y la indefinición política vuelven a poner a los cazadores y ganaderos en el centro del debate.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha reconocido que los incendios forestales recientes han retrasado la publicación de los datos actualizados sobre el lobo en España. Estos datos son fundamentales para conocer la situación real de la especie, así como su impacto en la ganadería y en el equilibrio del medio natural.
Mientras el Gobierno solicita más tiempo a la Comisión Europea, la incertidumbre se mantiene. Este retraso genera frustración entre quienes viven de la actividad ganadera y de la caza, al no contar con información clara sobre la gestión de un depredador que condiciona la vida en muchas zonas rurales.
En Asturias, la tensión ha crecido notablemente. Miembros de Asturias Ganadera han protestado de manera visible frente a la sede del Principado para denunciar que, pese a que el lobo ya no goza de protección especial desde abril, los ataques a la ganadería siguen en aumento. Los ganaderos reclaman medidas reales y eficaces, sobre todo en sierras como Cuera, Sueve y Llosorio, donde se había declarado que el lobo estaba erradicado.
Desde este sector se acusa al Gobierno autonómico de falta de valentía en la aplicación de la normativa vigente, dejando a ganaderos y cazadores en una situación de indefensión. Para muchos, la sobreprotección del lobo ha sido un error que ahora se traduce en pérdidas económicas y en la imposibilidad de mantener la actividad en el campo.
Por el contrario, los colectivos ecologistas siguen defendiendo la necesidad de reincorporar al lobo en el listado de especies protegidas. Argumentan que cazar ejemplares no resuelve el problema, porque la especie tiende a recolonizar el territorio. Además, sostienen que los ganaderos ya reciben ayudas económicas y que deberían reforzar medidas de protección en lugar de pedir un control poblacional más severo.
Este choque de posturas mantiene vivo un conflicto que lleva años enfrentando a cazadores, ganaderos y conservacionistas. Para quienes viven en el medio rural, la presión del lobo no es un debate teórico, sino una realidad diaria que afecta a su sustento. La falta de datos actualizados y de decisiones firmes por parte del Gobierno solo contribuye a prolongar un problema que amenaza la convivencia en el campo.