El cobertizo estaba en Llagunes, dentro de una zona de caza controlada que abarca varios municipios del Pallars Sobirà.
La investigación comenzó a raíz de un aviso anónimo acompañado de imágenes en las que se veían cabezas de ciervo y corzo apiladas en un cobertizo sin identificar. Los agentes rurales de la Generalitat trasladaron la denuncia a los juzgados, y tras meses de seguimiento, los Mossos d’Esquadra localizaron el lugar exacto.
El operativo culminó el 24 de febrero con la identificación de dos personas acusadas de un delito contra la fauna. En el registro, los agentes hallaron 13 cabezas de ciervo, 34 de corzo y cinco de rebeco, además de seis rifles y visores de alta gama. De todas las piezas, solo una contaba con documentación legal.
El cobertizo estaba en Llagunes, dentro de una zona de caza controlada que abarca varios municipios del Pallars Sobirà. En estas áreas, los recursos cinegéticos están gestionados bajo estrictos planes de aprovechamiento diseñados junto a las sociedades de cazadores locales, que son las primeras interesadas en mantener el equilibrio y la conservación de la fauna.
El Código Penal tipifica estas acciones como delito de furtivismo, aunque las sanciones –multas que van de cuatro meses a dos años según el caso– siguen siendo percibidas como insuficientes. Muchos cazadores reclaman sanciones más severas que frenen de verdad a los infractores.