El Parlamento Europeo aprueba rebajar la protección del lobo.
El Parlamento Europeo ha aprobado, con una amplia mayoría, rebajar el estatus de protección del lobo en la Unión Europea. A partir de ahora, deja de estar “estrictamente protegido” y pasa a la categoría de “protegido”. Esto supone un cambio sustancial en la Directiva de Hábitats que regía hasta ahora, alineándose con el Convenio de Berna y permitiendo un mayor control sobre esta especie, especialmente en las regiones rurales más afectadas.
Con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones, se confirma que Europa ha escuchado finalmente la voz de los agricultores, ganaderos y, por supuesto, de los cazadores. Se ha reconocido que la recuperación del lobo ha sido un éxito… pero también una fuente creciente de conflictos. En muchas zonas rurales de Europa, y especialmente en España, los ataques a ganado han generado importantes pérdidas económicas y una sensación de abandono por parte de las administraciones.
Hasta ahora, en España solo se permitía controlar la población del lobo al norte del río Duero. Pero gracias a esta modificación —impulsada por el Partido Popular y acelerada con una enmienda dentro de la ley de desperdicio alimentario— se podrá actuar también en el sur del Duero. Esto significa que los daños en territorios donde la actividad cinegética ha sido históricamente una herramienta de gestión ambiental volverán a poder ser combatidos con eficacia.
Aunque cada país podrá seguir aplicando normativas más estrictas si lo desea, esta nueva legislación da margen para que la caza vuelva a jugar un papel clave en la gestión del equilibrio ecológico, especialmente en zonas donde los lobos amenazan la ganadería y los modos de vida tradicionales.
La Comisión Europea estima que hay más de 20.000 lobos en el continente, y su población sigue creciendo. Esta expansión ha generado serios problemas, sobre todo para la ganadería extensiva, que ya de por sí afronta suficientes retos.
En Cantabria, donde el control del lobo al norte del Duero ya estaba en marcha, hoy mismo se ha confirmado que han sido abatidos 9 ejemplares de los 42 autorizados. Sin embargo, asociaciones animalistas como Pacma han intentado paralizar este proceso a través del Tribunal Constitucional, a pesar de que ahora cuenta con respaldo europeo.