La víctima fue brutalmente atacada y el Gobierno del Principado deberá indemnizarle con 84.000 euros por no actuar ante un riesgo evidente
En una histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), una mujer de 80 años ha conseguido que se reconozca la responsabilidad de la administración tras ser atacada por un oso. El fallo obliga al Gobierno del Principado a indemnizar con 84.000 euros a Carmen Suárez, vecina de Cangas del Narcea, por las gravísimas lesiones que sufrió en 2021 tras el ataque del plantígrado.
La mujer, que paseaba como cada tarde por su entorno rural, fue sorprendida por un oso que salió del monte y se abalanzó sobre ella sin previo aviso. El animal la arrastró y le causó heridas brutales: le rompió la cadera, le desgarró el rostro y le dejó secuelas físicas y psicológicas de por vida.
Fue gracias a la intervención valiente de dos vecinos que el oso no logró llevársela al bosque. Estos testigos fueron clave en el juicio, relatando cómo el animal no dudó en comportarse como un depredador. Aun así, la administración se negó inicialmente a hacerse cargo, alegando que se trataba de un hecho «imprevisible».
La sentencia considera todo lo contrario. Subraya que el lugar es una zona de paso habitual de osos y que el Gobierno regional no tomó las medidas necesarias para evitar incidentes. Incluso se menciona que se están comprando fincas para plantar árboles frutales con el fin de atraer a estos animales salvajes.
Desde el ámbito de la caza, esta sentencia representa una victoria moral. Los cazadores llevamos años advirtiendo que la sobreprotección de las especies salvajes sin control genera graves consecuencias para las personas que viven en entornos rurales. La población de osos se ha disparado en muchas zonas y cada vez se acercan más a los pueblos, generando un peligro evidente.
El fallo también denuncia la contradicción del Principado, que sí indemniza ataques a ganado por parte de lobos, pero se desentiende cuando el afectado es un ser humano. Esto no solo es incoherente, sino que denota un abandono institucional hacia quienes viven y cuidan el entorno rural.
Durante cuatro años, la víctima y su abogado tuvieron que batallar contra la burocracia, el silencio y la desidia administrativa. Se les negaron expedientes, se pusieron trabas y se minimizaron los hechos. Aun así, no se rindieron y hoy la justicia ha dado un paso importante para corregir esta dejadez.
Desde el sector cinegético celebramos que por fin se reconozca algo que venimos diciendo desde hace tiempo: si se deja que la fauna salvaje se descontrole sin intervención, quien paga las consecuencias son los que viven en el campo. Esta sentencia sienta un precedente, y es hora de revisar los planes de gestión de fauna salvaje desde una perspectiva realista y no desde un despacho alejado de la montaña.
La historia de Carmen no debe repetirse. No es justo que los habitantes del mundo rural, y menos aún los mayores, vivan con miedo por culpa de políticas de conservación desequilibradas. Es hora de escuchar al campo, y eso incluye también a los cazadores, que llevamos décadas advirtiendo de este problema.