La comunidad autónoma responde a la crisis ganadera y busca controlar la población de lobos
Cantabria ha decidido tomar medidas firmes ante la creciente problemática del lobo, una especie cuya expansión descontrolada está causando estragos en la ganadería y el medio rural. La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha anunciado que se iniciará el proceso de extracción de dos ejemplares, en Monte Caballar y Sierra de Abanillas, zonas donde los ataques han sido constantes y devastadores. Esta acción es solo el comienzo de un plan más amplio para gestionar la especie y mitigar sus efectos en la economía rural.
El gobierno cántabro ha dejado claro que, dado que el informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no es vinculante, si en un plazo de tres meses no reciben respuesta, seguirán adelante con las extracciones salvo que haya una resolución judicial en contra. Esta postura responde a la desesperación del sector ganadero, que ha visto cómo los ataques del lobo han aumentado exponencialmente, alcanzando más de 2.300 ataques en solo diez meses de 2024, con casi 3.000 animales muertos y compensaciones que superan los 1,5 millones de euros.
Además de las extracciones, Cantabria impulsará junto con otras comunidades autónomas la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), ya que los censos recientes demuestran que su población está en «perfecto estado de conservación». En la última década, el número de manadas en la región ha pasado de 12 a 23, con más de 200 ejemplares ocupando más del 80% del territorio.
Los ganaderos, representados por organizaciones como Asaja y UGAM-COAG, han aplaudido la decisión del gobierno regional, destacando que la situación actual es insostenible y que la presencia del lobo ha alcanzado niveles inaceptables, incluso cerca de zonas urbanas. Señalan que, sin una gestión eficaz, la ganadería en Cantabria corre el riesgo de desaparecer.
Desde el sector cinegético, esta decisión es vista como un paso necesario para restablecer el equilibrio en el medio natural. La caza ha sido históricamente una herramienta de gestión de fauna y, en este caso, se convierte en una medida clave para evitar que el lobo siga afectando gravemente a la actividad ganadera y rural.